- Corrupción, deuda e hiperinflación son parte de las consecuencias de cederle al Estado la función de financiar los créditos de manera directa.
De acuerdo a un informe realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), las entidades prestadoras estatales han demostrado un grueso de errores en el tiempo. Lo cual crea desconfianza con respecto a lo mencionado por Pedro Castillo en su discurso presidencial, en el que anunció “la necesidad de que el Estado asuma el financiamiento directo de créditos a los segmentos menos atendidos por el sistema financiero”.
Los errores del pasado demuestran que las entidades estatales no otorgan créditos bajo una lógica de rentabilidad financiera positiva; no cuentan con políticas de cobranza adecuadas; y reprograman recurrentemente deudas, lo que lleva a que los préstamos no sean devueltos; y no evaluar apropiadamente los riesgos de los acreedores.
De esta manera, en caso el gobierno impulse los préstamos estatales, los escasos recursos del Estado podrían no ser asignados eficientemente hacia fines productivos. Un ejemplo de la banca estatal ineficiente es el Banco Agrario (Agrobanco), establecido en 2001 para atender las necesidades de financiamiento de aquellos productores agrícolas y pecuarios que no cumplen con los requisitos crediticios exigidos por el sistema financiero tradicional.
Esto se dio a pesar de haberse podido tomar otras medidas para corregir esta situación sin necesidad de fundar una banca estatal propia. Por ejemplo, si el problema de acceso para los agricultores hubiese sido la falta de garantías, el sector público podría haberlas otorgado a las entidades financieras privadas, como en el programa Reactiva.
Una mejor alternativa
Los esquemas del sistema financiero privado representan mejores opciones para la asignación de recursos que volver a los experimentos fallidos de banca estatal del pasado. Por el contrario, la ruta del gobierno entrante debería pasar por adoptar medidas que incrementen la competencia en el sistema financiero y que tendrían un mayor éxito para el objetivo de cerrar las brechas de acceso al crédito en la población más vulnerable.